Mientras Carlos Manzo clamaba ayuda durante meses —canceló el Grito de Independencia pidiendo “auxilio urgente”, paralizó obras por seguridad y alertó continuamente sobre la violencia— la respuesta del gobierno estatal fue prácticamente nula. En julio, el propio alcalde acusó públicamente a Alfredo Ramírez Bedolla de ser responsable de la crisis de inseguridad en Michoacán, señalando presuntos casos de abuso, corrupción y connivencia con grupos delictivos.
😤 Aun más grave fue la reacción de algunos dirigentes locales: cuando Manzo levantó la voz, el líder de Morena en Michoacán, Jesús Mora, lo minimizó con burlas, afirmando que “no es a gritos ni a sombrerazos” como se van a resolver los problemas de Uruapan. Todo ello mientras Manzo lidiaba contra cinco cárteles al mismo tiempo, veía morir a policías y vivía con chaleco antibalas por temor a ser atacado.
🍋 Dos semanas antes del asesinato de Manzo, Bernardo Bravo Manríquez, dirigente de los productores de limón de Apatzingán, fue torturado y ejecutado el 20 de octubre tras denunciar extorsiones del crimen organizado. Bravo contaba con escoltas y un vehículo blindado asignados por el gobierno estatal, pero al llegar a Apatzingán cambió de vehículo y fue convocado supuestamente para negociar; terminó asesinado de forma brutal. Es el tercer productor limonero ejecutado en menos de un año durante la presente administración.
Las cifras hablan por sí solas: bajo la gestión de Bedolla, Michoacán acumula 533 homicidios y seis alcaldes asesinados solo en 2025; además de los tres líderes limoneros ultimados en el último año. En julio, Manzo acusó al gobernador y a la Guardia Civil de extorsiones, agresiones y violaciones a derechos humanos, sosteniendo que las fuerzas estatales se concentran más en reprimir a la población que en combatir a los grupos criminales.
⚰️ Hoy Bedolla condena los asesinatos “enérgicamente” y promete que no quedarán impunes. Pero esa contundencia no llegó cuando Manzo imploraba protección ni cuando Bernardo Bravo denunciaba extorsiones de forma reiterada. En febrero, incluso el Colegio de Abogados de Uruapan exigió al gobernador garantizar seguridad o presentar su renuncia; la solicitud quedó sin respuesta.
¿Hasta cuándo? Un alcalde pidió auxilio por meses y fue responsabilizado por la crisis; miembros del mismo partido lo desestimaron; y terminó asesinado ante menores. Un dirigente agrícola con protección estatal fue igualmente ejecutado. Seis alcaldes, tres líderes limoneros, 533 homicidios y solo reacciones públicas tras las tragedias. ¿Cuántas víctimas más se necesitan para que haya consecuencias reales?